La nueva Ley de Movilidad Sostenible marca un antes y un después en la forma en que las empresas españolas deben gestionar el transporte de sus empleados. Sin embargo, más allá de los titulares, la normativa deja numerosos vacíos que generan dudas sobre su aplicación real.
Desde BUSUP, hemos analizado de cerca el impacto de la ley de movilidad sostenible en las empresas y las implicaciones que tendrá en su día a día. Y aunque se trata de un paso positivo hacia una movilidad más limpia y eficiente, también plantea desafíos reales que no aparecen reflejados en el texto legal.
Si aún no has leído nuestro artículo «De la obligación a la oportunidad: movilidad sostenible en España», te recomendamos hacerlo para conocer los principales cambios y obligaciones que introduce la nueva normativa.
Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), el sector transporte representa el 30,7 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en España, de las cuales el transporte por carretera concentra el 28,4 %. Estos datos reflejan la magnitud del reto y la necesidad urgente de transformar la forma en la que nos desplazamos al trabajo.
Sobre el papel, la ley pretende impulsar un modelo de movilidad corporativa y normativa más sostenible, equitativo y digital. Establece que las empresas con más de 200 empleados o más de 100 por turno deberán elaborar un plan de transporte al trabajo que incorpore medidas para reducir el uso del vehículo privado y fomentar el transporte colectivo.
Hasta ahí, el propósito es claro. Pero cuando se revisa el texto con detalle, surgen lagunas que pueden complicar su implementación:
Informes de movilidad corporativa de organismos como el MITMA y el IDAE coinciden en que el transporte de empleados sigue siendo uno de los ámbitos menos abordados dentro de la gestión ambiental empresarial.
Los desafíos de la Ley de Movilidad Sostenible no solo se derivan de su ambigüedad técnica, sino también de la falta de coordinación institucional. Cada comunidad autónoma podrá desarrollar sus propias regulaciones, lo que genera escenarios desiguales. Por ejemplo, Cataluña ya aplica desde 2024 el Decreto 132/2024, que obliga a las empresas de cierto tamaño a presentar planes de movilidad antes de la entrada en vigor estatal.
Esta fragmentación puede complicar la gestión para compañías con centros en varias regiones. Además, la ley tampoco aclara cómo se supervisarán los planes ni qué consecuencias habrá si no se implementan las medidas propuestas.
En resumen, la norma avanza en la dirección correcta, pero delega demasiadas responsabilidades en las empresas sin ofrecer acompañamiento técnico ni económico.
El impacto de la ley de movilidad sostenible en las empresas dependerá de su capacidad para anticiparse. Los retos son tan organizativos como operativos:
Además, la ley no tiene en cuenta la nueva realidad laboral. El teletrabajo parcial, los horarios flexibles o la subcontratación afectan directamente al diseño de los planes de transporte al trabajo, pero la normativa no ofrece directrices claras sobre cómo integrarlos.
Diversos estudios europeos, como The relationship between commuting and wellbeing in Europe (Eurofound, 2020), confirman que los desplazamientos largos al trabajo se asocian con niveles más bajos de satisfacción personal y bienestar general. En otras palabras, cuanto mayor es el tiempo de trayecto, menor es la calidad de vida percibida.
Por eso, si la ley no se acompaña de medidas centradas en las personas (como la flexibilidad horaria, el teletrabajo parcial o la mejora del transporte colectivo) el riesgo es que se convierta en una obligación administrativa, en lugar de una verdadera oportunidad para mejorar el bienestar laboral y la eficiencia empresarial.
Cumplir con la norma no significa limitarse a entregar un documento. Un plan de transporte al trabajo efectivo debe ir más allá del requisito legal y convertirse en una herramienta de mejora continua.
En BUSUP, hemos comprobado que las empresas que integran la movilidad en su estrategia ESG [siglas en inglés de Environmental, Social y Governance (Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo)] logran beneficios tangibles: menor absentismo, mayor puntualidad y empleados más satisfechos.
Los elementos esenciales de un plan eficaz incluyen:
Un plan bien estructurado puede transformarse en una ventaja competitiva y dejar atrás la idea de ser un mero trámite obligatorio.
Uno de los aspectos más llamativos de la ley es su silencio respecto a la tecnología. Apenas menciona la digitalización, pese a que una gestión de flotas sostenible depende precisamente del uso de datos, plataformas inteligentes y sistemas de seguimiento que permitan tomar decisiones basadas en información real.
La eficiencia en movilidad no se consigue solo con nuevas normas, sino con una gestión inteligente de los recursos. Empresas como BUSUP han demostrado que aplicar herramientas de análisis, trazabilidad de rutas y planificación dinámica es la manera más efectiva de reducir costes, mejorar la puntualidad y disminuir la huella de carbono.
En este modelo, los datos se convierten en el punto de partida para optimizar los desplazamientos: permiten conocer la demanda real, planificar rutas más cortas, evitar trayectos vacíos y adaptar los horarios a las necesidades del personal.
Además, evitar errores de planificación sigue siendo esencial para lograr una movilidad corporativa eficiente. Por lo cual, recomendamos leer nuestro artículo sobre errores frecuentes al planificar rutas de transporte para empleados, donde explicamos cómo mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los desplazamientos.
La ley avanza en sostenibilidad, pero no tanto en acompañamiento. Las empresas necesitan claridad normativa, incentivos y apoyo técnico.
Desde BUSUP defendemos una colaboración público-privada real, donde las compañías no solo cumplan, sino que participen activamente en la definición de la movilidad del futuro.
Los próximos pasos deberían incluir:
- Creación de un marco homogéneo de requisitos para todas las comunidades autónomas.
- Incentivos fiscales para las empresas que implementen medidas reales de movilidad sostenible.
- Reconocimiento oficial de buenas prácticas empresariales.
Solo si la administración y las empresas trabajan de forma coordinada se podrá lograr un impacto medible en el medio ambiente y en la calidad de vida de las personas trabajadoras.
La Ley de Movilidad Sostenible representa un avance necesario, pero incompleto. Las empresas españolas tienen ahora la oportunidad de ir más allá del cumplimiento y liderar la transformación hacia una movilidad corporativa sostenible y humana.
En BUSUP acompañamos a las organizaciones en ese proceso: analizamos, planificamos y optimizamos su movilidad para que el cambio sea real, medible y rentable.
Evalúa hoy el impacto de la Ley de Movilidad Sostenible en tu empresa y descubre cómo convertir sus desafíos en una oportunidad para mejorar la eficiencia, el bienestar y el planeta.
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